Otra víctima de la llamada okupación, una ciudadana de origen ucraniano cuya vivienda no puede utilizar al estar habitada ilegalmente por una familia que se niega a abandonarla. Es tan solo un caso más de los casi 20.000 que se producen cada año en España, según las cifras oficiales que maneja el Ministerio del Interior, un escándalo jurídico y un verdadero drama para esos miles de propietarios a los que se ha despojado de sus bienes con la connivencia del Gobierno socialcomunista.
La ocupación ilegal de viviendas era hasta hace bien poco un delito prácticamente desconocido en nuestro país, reducido prácticamente en su totalidad a la apropiación indebida de inmuebles públicos abandonados. Sin embargo, la irrupción de la ultraizquierda en la escena política y, sobre todo, su llegada al poder, han impulsado esta actividad delictiva hasta convertirla en uno de los problemas sociales más lacerantes de la actualidad.
El cambio radical en la etiología de este delito tiene que ver con la falsa concepción impuesta por la izquierda, según la cual la ocupación ilegal es tan solo la consecuencia inevitable del encarecimiento de la vivienda en España. Sin embargo, como demuestra la realidad y recogen las cifras oficiales, se trata de mafias organizadas que en no pocos casos degradan el entorno vecinal donde se instalan, creando graves problemas de inseguridad gracias a la permisividad de la legislación impulsada por Sánchez y sus aliados ultraizquierdistas.
Fuente: https://www.libertaddigital.com/opinion/editorial/un-gobierno-al-servicio-de-los-okupas-6946202/